La teoría de la enfermedad mental es científicamente imprecisa y su estatuto esta aún por definirse. La psiquiatría como institución represora es incompatible con los principios de una sociedad democrática y libre, y debe ser abolida. Al negar la validez científica de la teoría de la enfermedad no se esta negando la realidad de las enfermedades neurológicas, la locura, el crimen, el consumo de drogas y los conflictos sociales.
El concepto de enfermedad mental tuvo su utilidad histórica pero es, en la actualidad, científica y médicamente anticuado, y moral y políticamente dañino por las razones que veremos en este artículo.
En 1961, Thomas Szasz, médico psiquiatra, psicoanalista y actualmente Profesor Emérito de la Universidad del Estado de New York, publicó “El mito de la enfermedad mental”, que inició un debate mundial sobre los denominados trastornos mentales. Szasz anota que la mente no es un órgano anatómico como el corazón o el hígado; por lo tanto, no puede haber, literalmente hablando, enfermedad mental. Cuando hablamos de enfermedad mental estamos hablando en sentido figurado, como cuando alguien declara que la economía del país está enferma. Los diagnósticos psiquiátricos son etiquetas estigmatizadoras aplicadas a personas cuyas conductas molestan o ofenden a la sociedad. Si no hay enfermedad mental, tampoco puede haber hospitalización o tratamiento para ella. Desde luego, las personas pueden cambiar de comportamiento, y si el cambio va en la dirección aprobada por la sociedad es llamado cura o recuperación.
Por consiguiente, las intervenciones psiquiátricas deben ser definidas con claridad como voluntarias o involuntarias. En las voluntarias, la persona busca la ayuda del profesional movida por sus problemas. Típicamente, el individuo es un beneficiario de la intervención del psiquiatra. En las involuntarias, la sociedad impone la intervención. Típicamente, el individuo es una víctima de la acción del psiquiatra, en tanto que la sociedad(la familia) es la beneficiaria. La psiquiatría involuntaria es incompatible con los principios de una sociedad democrática y libre, y debe ser abolida.
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